Su ámbito de competencia abarca lo relativo al manejo de los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Asimismo, su ámbito de fiscalización abarca los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público o las entidades privadas, en tanto administren o dispongan recursos públicos transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida presupuestaria.